A- de 2024

Conflicto de jurisdicciones entre el Juzgado 14 Penal del Circuito de Medellín y el Tribunal de Sabios Ancestrales de Justicia Indígena del Pueblo Zenú.

Es causa de controversia entre los Despachos, investigación adelantada por la Fiscalía 04 Especializada de Armenia, que culminó con la identificación de distintas personas tanto en Armenia como en Medellín, que posiblemente se dedicarían a la comercialización de sustancias estupefacientes y otras sustancias psicotrópicas camufladas en alimentos, en la Universidad del Quindío y colegio de esta municipalidad, investigación en la que se capturó a un ciudadano, miembro de comunidad indígena, en situación de flagrancia y se le acusó por el presunto delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego.

Luego de verificar el cumplimiento de los presupuestos subjetivo, objetivo y normativo para la configuración de un verdadero conflicto entre jurisdicciones, la Sala Plena hace el análisis ponderado de los elementos establecidos por la jurisprudencia para poder asignar la competencia.

La Corte encuentra que se acreditó el elemento personal, en tanto el acusado pertenece a la comunidad indígena Bello Horizonte Dorada; No se acreditó el elemento territorial, al advertirse que la comisión del presunto delito no se desarrolló en el lugar donde se ubica la comunidad ni siquiera en su sentido amplio.

Respecto del elemento objetivo, se tiene que el tipo penal que se endilga al imputado cuenta con un “fundamento constitucional directo”, contemplado en el artículo 223 de la Constitución, que prevé el monopolio estatal de las armas de fuego y en el ámbito internacional, los compromisos adquiridos por Colombia en la Convención Interamericana contra la Fabricación y el Tráfico Ilícitos de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y otros materiales relacionados.

En este sentido, la Corte advierte que, más allá de la seguridad pública, este tipo penal también protege indirectamente otros bienes jurídicos importantes para la sociedad como lo son la vida, la integridad personal, la paz, entre otros.

Así, aparte de castigar dichas conductas, también es un mecanismo disuasorio, esto con el fin de limitar la tenencia y porte de armas de fuego por parte de particulares como consecuencia del monopolio de las armas de fuego a cargo del Estado.

En ese sentido, en el caso concreto, la Sala observa que el elemento objetivo no es concluyente toda vez que el bien jurídico afectado con la conducta investigada concierne tanto a la comunidad indígena como a la sociedad mayoritaria; No se encuentra acreditado el elemento institucional, pues si bien la comunidad cuenta con una institucionalidad propia para administrar justicia, no se aportaron elementos suficientes que permitan inferir que esta institucionalidad puede ser aplicable a los delitos que atenten en contra de la seguridad pública y que ocurrieron por fuera del territorio.

En consecuencia, considera la Sala que el asunto debe ser tramitado ante la Jurisdicción Ordinaria, en su especialidad penal, y resuelve remitir el expediente al Juzgado 14 Penal del Circuito de Medellín para que continúe con su juzgamiento y para que comunique la presente decisión a los sujetos procesales e interesados dentro del trámite judicial correspondiente.